El pasado 7 de febrero se aprobaba en el Consejo de ministros la subida del importe del SMI en un 8 % para el 2023 pactada entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, sin presencia de la patronal.
El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dispone que la actualización de este salario deberá tener en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
El acuerdo eleva a un importe de 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas con carácter retroactivo desde el 1 de enero y beneficiará a cerca de dos millones y medio de personas trabajadoras con sueldos más bajos.
Desde 2018 el SMI ha aumentado un 36%, desde los 735 euros al mes hasta los recién aprobados 1.080 euros, acercándose al 60% del salario medio español, que marca la Carta Social Europea.
Este incremento en los sueldos base tendrá también impacto en las rentas de los subsidios por desempleo, dado que, para poder cobrar esta ayuda, la persona desempleada no puede tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, pasando ese 75% de 750 euros a ser de 810 euros.